El objetivo de esta traducción es divulgar los avances jurídicos que llevan a rechazar la admisibilidad del pretendido Síndrome de Alienación Parental como prueba en juicio.
Este artículo proviene de la web de Carol Bruch Profesora Emérita y Profesora de Investigación en Derecho, de la Universidad Davis de California. La investigación, la pericia como exp
erta, y el activismo de Carol Bruch en el campo de la ley de familia y la propiedad marital, han contribuido a configurar leyes estatales, federales e internacionales. Los hitos en la carrera de Bruch incluyen su paso como cuarta mujer en la historia law clerk[1] del Tribunal Supremo de Estados Unidos, su intervención en 1976 en el caso Marvin vs. Marvin que fue la base de la ley de parejas de hecho de California, su colaboración en los tratados inter-americanos, y cinco años como Chair del doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad Davis.Bruch ha redactado e influido en la legislación de varios estados, relativa a los estándares de atención a la infancia, propiedad marital, custodia y derechos de visitas. Ha enseñado y dado conferencias en todo el mundo. Actualmente investiga el secuestro internacional de niños por miembros de la familia.
"He criado a dos hijos, primero durante mi matrimonio y luego como madre separada"
"Veo el trabajo de la ley a través de los ojos de alguien que ha tenido un papel diferente al de abogada y profesora de Derecho. Creo que tengo una responsabilidad con las personas que de otra manera no podrían ser oídas en el campo legal y legislativo."
Síndrome de Alienación Parental- haciéndolo mal en casos de custodia infantil[2]
Carol S. Bruch[3]
INTRODUCCIÓN
Cuando cortes y legislaturas emprenden con entusiasmo la reforma de la ley de familia, hacen uso frecuente de las teorías e investigaciones de las ciencias sociales. Este ensayo se centra en el desarrollo de la ley de custodia infantil derivado del Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría aparecida en 1985 que se volvió de uso común (a veces en una forma llamada Alienación Parental) a pesar de su falta de fundamentos científicos. La discusión saca a la luz los problemas teóricos y prácticos del SAP, muestra una discusión similar con las teorías propuestas más recientemente sobre Infancia Alienada (Alienated Children, AC), y concluye con recomendaciones para abogados y jueces que tengan que evaluar estos desarrollos y otros similares.
EL SAP Y SU CRÍTICA
La doctrina del SAP
El psiquiatra infantil Richard Gardner acuñó el término Síndrome de Alienación Parental en 1985 para describir sus impresiones clínicas de los casos que él creía que eran de acusaciones falsas de abuso sexual infantil.[5] La esencia del SAP, bajo su punto de vista, es una campaña de denigración del niño contra un progenitor, que “proviene del "lavado de cerebro" del niño hecho por el otro progenitor para denigrar al primero, y de las contribuciones inventadas por el niño en soporte de la campaña del progenitor alienador.”[6] El doctor Gardner afirmó que el SAP estaba presente en aproximadamente el 90% de los niños cuyas familias estaban involucradas en disputas por la custodia, pero no proporcionó datos de investigaciones para probar sus afirmaciones sobre el síndrome, su frecuencia, o sus características. De hecho, sus estimaciones iniciales parecen haber sido dramáticamente exageradas, en especial en lo que respecta a la frecuencia de falsas alegaciones de abuso,[7] los que han revisado este dato han sido mucho más circunspectos.[8]
En los últimos años, el uso del término SAP se ha llegado a extender enormemente para incluir todo tipo de casos en los que un niño se niega a visitar al progenitor no custodio, conteniendo o no los motivos de rechazo del niño acusaciones de abuso. Aunque el Dr. Gardner a veces dice que sus análisis no sirven para casos de abuso real,[9] el foco de su atención está dirigido a discernir si el progenitor preferido y el niño están mintiendo, y no si lo hace el progenitor acusado o si se ha comportado de una manera que podría explicar la aversión del niño.[10] El tratamiento que recomienda para los casos graves es transferir la custodia del niño del progenitor custodio querido al progenitor rechazado, para desprogramar. Esto puede requerir cuidado institucional por un periodo transitorio, de forma que se prohíban todos los contactos, incluso llamadas telefónicas entre el progenitor primario y el niño durante "por lo menos, dos semanas". Sólo después de la reprogramación puede el niño lentamente ser reintroducido al primer progenitor custodio a través de visitas supervisadas.[11]
El contexto en el que se dice que ocurre el SAP
Entre la población de familias que pelean por la custodia y el acceso a los niños, es frecuente encontrar familias con un alto nivel de conflicto.[12]
Estos casos generalmente implican la existencia de violencia doméstica, abuso infantil, y abuso de sustancias.[13] Muchos progenitores están coléricos, y se da un rango amplio de problemas en las visitas. La descripción del SAP del Dr. Gardner puede recordar a progenitores, terapeutas, abogados, mediadores, y jueces, estas frecuentes emociones encontradas, y esto puede ayudar a explicar porque su audiencia ha aceptado a veces el SAP sin cuestionarlo. Sin embargo, la abrumadora ausencia de análisis meticuloso y atención al rigor científico que demuestran estos profesionales, es profundamente inquietante. Como revela la siguiente discusión, esta falta de cuidado ha permitido que lo que popularmente se llama ciencia basura (pseudos-ciencia), haya influido en los casos de custodia en formas que son probablemente dañinas para los niños.
Los fallos en la teoría del SAP
Las deficiencias en la teoría del SAP son múltiples. Algunas ya han sido identificadas en la literatura de ciencias sociales y en las opiniones judiciales sobre la custodia infantil; otras aún siguen apareciendo. Primero de todo, Gardner confunde una reacción del niño propia del desarrollo, relacionada con el divorcio y con los conflictos parentales intensos (incluyendo la violencia),[14] con psicosis. De esta manera, falla en el reconocimiento del enfado de padres e hijos, a veces inapropiado pero una conducta totalmente predecible después de la separación. Este error le lleva a afirmar que el SAP constituye un ejemplo frecuente de folie à deux o folie à
trois, Trastornos Psicóticos Compartidos que la American Psychiatric Association (APA) y los estudios de investigadores concluyen que ocurren raramente.[15]
Su afirmación de que estos trastornos ocurren primariamente en jóvenes es contraria a la literatura,[16] probablemente por una mala interpretación de las reacciones al divorcio propias del desarrollo de menores jóvenes.[17]
En segundo lugar, posiblemente como consecuencia de estos errores y de su visión de la cola del elefante,[18] Gardner exagera ampliamente la frecuencia de casos en los que niños y progenitores custodios inventan acusaciones falsas o conspiran para destruir la relación progenitor-hijo. Tomadas juntas, estas afirmaciones tienen el efecto práctico de impugnar todas las alegaciones de abuso, alegaciones que Gardner afirma que suelen ser falsas en el contexto de divorcio.[19] Aquí también, Gardner no cita ninguna prueba que soporte su personal punto de vista, y la literatura pertinente dice lo contrario, que dichas acusaciones suelen estar bien fundamentadas.[20]
En tercer lugar, de esta manera el SAP desvía la atención de la acaso peligrosa conducta del progenitor que pide la custodia, a la conducta del progenitor custodio. Esta persona, que puede estar intentando proteger al niño, es entonces acusada de mentir y envenenar al niño. Realmente para Gardner, los pasos que da el preocupado progenitor custodio para obtener asistencia profesional en el diagnóstico, tratamiento, y protección de los niños, constituyen la prueba de que es una falsa denuncia.[21] Aún peor, si los terapeutas están de acuerdo en que existe riesgo, Gardner afirma que estos son casi siempre mujeres que odian a los hombres y que han entrado en una folie à trois con el niño quejoso y el progenitor preocupado.[22]
Realmente, él advierte a los jueces que no tomen las acusaciones de abuso en el contexto de los juicios de divorcio en serio, en casos de alto nivel de conflicto (casos graves de SAP). Ni Gardner ni los que aceptan sus puntos de vista, reconocen lo que cuesta entender argumento esgrimidos por él como que las mismas acusaciones de abuso, creíbles para los terapeutas, constituyen la evidencia de alienación por parte del progenitor protector.
Cuarto, Gardner cree que particularmente en casos conflictivos, la relación del hijo alienado con el padre repudiado es dañada de forma irreparable, probablemente acabando para siempre,[23] a menos que inmediatamente se tomen medidas drásticas (transferencia de custodia, aislamiento del progenitor protector y desprogramación). Aquí, también fuentes fiables revelan que esta teoría es exagerada, resolviéndose por si mismos los casos cuando los niños maduran, excepto en casos inusuales (por ejemplo, los que se dan en relaciones familiares violentas).[24]
Quinto, como estas fuentes sugieren, el remedio propuesto por Gardner para solucionar los casos extremos es inconsistente y pone en peligro a los niños.[25] En su decisión, admitida por él mismo, de equivocarse infra-identificando a los abusadores, Gardner parece haber pasado por alto el funcionamiento diferente de la ley penal y de la ley de custodia infantil, y también parece haber entendido mal las diferencias de la carga de la prueba en justicia penal y civil en Estados Unidos. Hasta el punto de que el SAP llega a colocar a los niños con un progenitor que es de hecho abusivo, privándoles de contacto con el progenitor que podría ayudarles. Grupos de progenitores e informes de investigaciones describen, por ejemplo, numerosos casos en los que los tribunales han transferido la custodia de los niños a conocidos o probables abusadores, mientras que a los progenitores inicialmente custodios se les ha negado el contacto con los niños a los que han estado tratando de proteger.[26] También en casos menos extremos, los niños suelen sufrir por esta repentina separación del progenitor en el que confían. Incluso los terapeutas que aceptan las teorías del PAS han advertido en vano en contra de la transferencia de las custodias, en casos documentados en los que parece que los jueces han puesto en práctica los puntos de vista de Gardner por su propia cuenta.[27]
En conclusión, la resistencia o negativa del niño a visitar el progenitor no custodio se puede explicar mejor sin recurrir a la teoría de Gardner. Estudios de seguimiento de familias a lo largo de varios años, concluyen por ejemplo que las visitas pueden cesar o ser resistidas cuando una variedad de razones hacen sentir mal o enfadar al progenitor custodio y al niño con el otro progenitor. A menudo el comportamiento del progenitor no custodio y el estadio de desarrollo del niño juegan papeles decisivos. Las adhesiones o alianzas propias de la construcción de Gardner son mucho menos frecuentes de lo que él sugirió, e incluso en casos extremos, estos investigadores están de acuerdo en que la teoría del SAP reclama respuestas inapropiadas y dañinas que intensifican el problema.[28]
LA COMERCIALIZACIÓN DEL SAP EN CASOS DE CUSTODIA INFANTIL
¿Cómo es posible entonces que una teoría gravemente equivocada, exagerada, y dañina gane una amplia aceptación? ¿Qué puede inspirar a los jueces para que ordenen las transferencias de custodia en contra del consejo general de los testimonios expertos en un caso?[29] En primer lugar Gardner está amplia (pero erróneamente) considerado como profesor de plantilla de una prestigiosa universidad.[30] Como este aura de experto acompaña su trabajo, pocos sospechan que su obra es fundamentalmente auto-publicada,[31] que carece de rigor científico,[32] y que sus libros sobre el SAP ni siquiera están apoyados por la mayoría de universidades y bibliotecas de investigación.[33] Además Gardner promueve sus escritos y servicios como experto a través de su propia página web,[34] tiene links de webs de organizaciones de padres,[35] y proporciona módulos de cursos de educación continuada para profesionales.[36] Finalmente, sugiere, sin precisar, que el SAP es compatible o está recomendado por trabajos aceptados de otros.[37]
Un artículo de ocho páginas en el diario de la American Judges Association da un ejemplo típico.[38] Gardner se identifica sólo por su título de cortesía,[39] y el artículo proporciona sólo 10 fuentes (9 son sus propios escritos y una es de Sigmund Freud) para sostener sus dramáticas e hiperbólicas afirmaciones.[40]
En cualquier acontecimiento, durante años desde que Gardner anunció su teoría, usó el término SAP públicamente. Los medios de comunicación, padres, terapeutas, abogados, mediadores y jueces, ahora, a menudo hacen referencia al SAP, muchas veces asumiendo aparentemente que es un diagnóstico de salud mental científicamente establecido.[41] De acuerdo con esto, en la práctica, siempre que surge una acusación de abuso sexual de menores, o un patrón conflictivo de visitas, en los Estados Unidos, se tiene que estar preparado para confrontar la afirmación de que se trata de un caso de SAP, no de un abuso u otro problema.[42]
Una búsqueda electrónica de todos los casos surgidos en Estados Unidos entre 1985 y Febrero del 2001 utilizando el término “Síndrome de Alienación Parental”, revela que muchos profesionales de salud mental incluyendo a Gardner, testificaron que el SAP estaba presente, muy pocos recomendaron que la custodia fuera transferida y que el contacto con el custodio principal se acabara.. La búsqueda produjo 48 casos de 20 estados, incluyendo los Tribunales Supremos de 6 Estados.
El grado en que el SAP fue invocado por testimonios expertos, abogados, o jueces en estos casos, y la casi total ausencia de preguntas sobre su validez científica es profundamente inquietante.[43] Sólo en unos pocos casos el tribunal o la corte de apelación consideraron específicamente, si el supuesto síndrome era admisible según los antecedentes que podían probar su aceptación en la comunidad científica o su metodología científica correcta,[44] y en varios de estos casos la corte determinó que no alcanzaba los mínimos para la admisibilidad, a veces porque no se había demostrado ninguna alienación.[45] En más de una ocasión sin embargo, las cortes aprovecharon la ocasión para alertar a los tribunales de que el trabajo de Gardner era seriamente discutido.[46]
En los pocos casos documentados en los que Gardner testificó se le cuestionó a él o a la validez del SAP, las cortes generalmente excluyeron su testimonio y no confiaron en el SAP. Estos casos revelaron dos áreas de preocupación. En primer lugar, los tribunales fueron consistentes rechazando dar permiso a Gardner para testificar sobre la verdad o la falsedad de los testigos, advirtiendo que esta cuestión está reservada a jueces o jurados.[47] En segundo lugar, la mayoría de los tribunales de Estados Unidos que han considerado la cuestión están de acuerdo en que el SAP no ha sido generalmente aceptado por los profesionales y no cumple las pruebas científicas adecuadas de fiabilidad.[48]
Estas conclusiones son repetidas por juristas canadienses en un artículo que discute temas de admisibilidad bajo las leyes de Canadá y de Estados Unidos[49] y por otros profesionales prominentes. El Dr. Paul J. Fink, un antiguo presidente de la American Psychiatric Association y presidente actual del Leadership Council on Mental Health, Justice, and the Media, afirmó por ejemplo muy honestamente que “el SAP como teoría científica ha sido severamente censurada por investigadores auténticos a lo amplio de toda la nación. Juzgando al Dr. Gardner sólo por sus méritos, su nombre debería ser una patética nota al pie, o un ejemplo de pobre nivel científico.”[50]
Haciendo caso de importantes críticas científicas, Gardner retiró el test que había construido para determinar si había habido abuso sexual.[51] Pero, tal como revela la investigación en profundidad de Faller, este conjunto de cuestiones fue simplemente reemplazado por otras publicaciones con nuevos títulos que copiaban ampliamente su anterior contenido y metodología.[52]
A pesar del buen trabajo de la mayoría de tribunales que habían considerado la integridad científica del SAP, hay poco que celebrar. La amplia mayoría de casos que mencionan el SAP revelan que uno o más de los expertos evaluaron el caso a la luz del SAP, y no hay nada que sugiera que ninguno, expertos, abogados o jueces, pensara en cuestionar si la teoría estaba bien fundamentada o si llevaba a recomendaciones u órdenes sensatas.[53] Una falta de rigor similar se observa ahora en todas partes.[54]
En Inglaterra y Gales, La Corte de Apelación tiene el doble de solicitudes de audiencia relativas al SAP: Re L (Contact: Domestic Violence); Re V (Contact: Domestic Violence); Re M (Contact: Domestic Violence); Re H (Contact: Domestic Violence)[55] y Re C (Prohibition on Further Applications).[56] En cada ocasión se han expresado serias dudas sobre el síndrome.
En la primera ocasión, la corte, que tiene el poder de solicitar a un experto que realice antes del juicio un informe sobre los temas pertinentes al caso, ejerció esta potestad. El resultado, un documento planteando principios psiquiátricos y sobre el desarrollo para guiar a la corte en los casos de visitas, fue preparado y publicado posteriormente por dos psiquiatras muy bien consideradas, la Dra. Claire Sturge y la Dra. Danya Glaser.[57] Respondiendo a preguntas, el informe identifica la literatura relacionada y las potenciales ventajas y desventajas en general de las visitas, luego discute los casos de violencia doméstica y otros casos difíciles. Las autoras evalúan específicamente al SAP, al que consideran inútil.[58] Objetando las suposiciones del SAP relativas a las causas y a las intervenciones que recomienda, las expertas recomiendan seguir (en vez del SAP) un abordaje específico para cada caso.[59]
La Corte de Apelación aceptó expresamente el tono y las conclusiones del informe y, más adelante en su discusión de la tercera apelación, Re M, Dame Elizabeth Butler-Sloss P hizo referencia a ello. Destacó la diagnosis del SAP del experto del juicio sobre el caso, Dr L.F. Lowenstein, y su advertencia de que él hace por lo menos seis sesiones de terapia para después entregar el informe.[60] El Presidente afirmó que la alienación de un niño por un progenitor “está muy lejos de ser un síndrome reconocido que requiera profesionales de salud mental que jueguen un papel de expertos,” el Presidente no sólo remarcó que el Dr Lowenstein ‘estaba en un extremo del amplio espectro de profesionales de salud mental,’ sino también que era “desafortunado” que los abogados de los progenitores hubieran sido incapaces de encontrar un experto en salud mental con la misma supuesta pericia.
En Re C, la Corte de Apelación de nuevo mostró su escepticismo sobre la reclamación de SAP del litigante, pero esta vez el interés de la corte estuvo menos en el SAP en sí mismo, y más otras explicaciones mucho más razonables para el rechazo del niño a ver al padre.[61]
La opinión del Presidente expresó claramente continuo desagrado con el análisis del SAP.[62]
Sin embargo la Corte no señaló que los argumentos basados en el SAP únicamente deberían admitirse como evidencia si esta teoría satisface los test apropiados que prueban las nuevas teorías científicas. Dejando claro que el SAP falló las pruebas en Re L (Contact: Domestic Violence) y que en Re C (Prohibition on Further Applications) ocurrió algo similar, la Corte podría haber acallado las tenues pero vehementes afirmaciones de que Re C reconocía la legitimidad del SAP.[63]
En la práctica, el SAP ha demostrado ser ventajoso en los litigios para los progenitores no custodios con suficientes recursos para contratar a abogados y expertos.[64] Es posible que muchos abogados y profesionales de salud mental simplemente se hayan agarrado a una nueva fuente de ingresos, una forma de “hacer algo por el padre cuando me contrata,” como decía un profesional. A aquellos que se centran en el bienestar del niño, les importa poco si el SAP es un ejemplo más de “mito urbano” que ha sido adoptado entusiásticamente por los medios de comunicación y por los que trabajan en algo relacionado con los litigios por la custodia, o si abogados y profesionales de salud mental realmente no saben como evaluar las nuevas teorías psicológicas.[65]
Sin embargo, esta última posibilidad puede explicar por qué un premio anual para ensayo de la sección sobre Resolución de Disputas Alternativas de la American Bar Association, fue a parar a un texto sobre SAP que no permitía en absoluto hacer una evaluación, siendo por lo tanto inadecuado,[66] y por qué artículos sobre el SAP que falsean gravemente la literatura de investigación han aparecido incluso en revistas de referencias.[67]
El informe de Sturge y Glaser ya ha probado ser importante en Inglaterra y sin duda tendrá un impacto favorable en todas partes a medida que sea más ampliamente conocido. Como refleja con precisión la investigación puntera y los estudios en este campo temático,[68] se opone por contraste a la literatura que intenta promover la aceptación del SAP. En ésta, se omiten demasiado a menudo las discusiones[69] de la literatura científica y los antecedentes legales, o, si se discuten son mal entendidas o falseadas.[70]
CIENCIA MEJORADA PERO MÁS POLÍTICAS ERRÓNEAS
Enfrentados con tan amplio abanico de desinformación y el daño que ésta pueda estar haciendo en los casos de custodia, investigadores de primera línea están intentando refinar el área. Además de sus estudios, algunos están respondiendo a Gardner siguiendo su estilo, presentando artículos en encuentros profesionales y en cursos de formación continua para jueces, abogados y profesionales de la salud mental. En el norte de California, origen de la mayor parte de investigación citada ahora de forma errónea por los defensores del SAP, varios profesionales que han estado haciendo conferencias sobre el tema de la alienación acaban de publicar una serie de artículos relacionados[71].
Estos profesionales se diferencian de Gardner y del SAP en diferentes puntos importantes.[72] Primero, critican directamente su teoría, su falta de fundamento científico y sus recomendaciones sobre el tratamiento. A continuación, distinguen “alienación” de “distanciamiento” (aunque esos términos han sido sinónimos en su uso habitual) y destacan que hay muchas razones posibles para interferir o poner objeciones a las visitas. Usan el término “distanciamiento” para referirse a las dificultades de las relaciones de los progenitores que no tienen la custodia con el menor, que pueden tener su causa en el comportamiento o las características de ese progenitor. “Alienación” en su aplicación se refiere a las dificultades que resultan de los sentimientos y las creencias negativas desproporcionadas, persistentes y poco razonables, hacia un progenitor[73]. Refiriéndose a las conclusiones sesgadas fomentadas por el trabajo de Gardner, reabren una amplia pregunta sobre las causas del rechazo y reconocen que hay muchos factores simultáneos que pueden contribuir.
Expresamente reprobable es la recomendación de Gardner de que los menores, incluso aquellos que supuestamente sufren una folie à deux con sus progenitores custodios, sean inmediatamente apartados y se corte todo contacto con estos progenitores para así revertir el lavado de cerebro o la desprogramación. Puede ser recomendada la terapia para el menor y el progenitor custodio para deshacer los aspectos insanos de su vínculo, y además se puede dar asistencia profesional para reestablecer la relación del menor con el progenitor no custodio, en el momento apropiado y de modo que no asuste excesivamente al menor. Estos autores son cuidadosos en las referencias que usan de la bibliografía de investigación y por lo general sustentan sus reivindicaciones de forma adecuada. Además, en diversos grados, proporcionan visiones clínicas de gran ayuda para los terapeutas cuyo trabajo incluye familias con antipatías progenitor-menor u otras dificultades de régimen de visitas. En este punto sus aportaciones aunque no han sido científicamente demostradas, suponen un importante paso adelante.
Desafortunadamente, estos especialistas de la salud mental, como Gardner antes de ellos, van mucho más allá de sus datos fabricando recomendaciones ante respuestas judiciales altamente intrusivas y coercitivas. Recomiendan una figura designada por el Juez o tribunal (un abogado o un profesional de la salud mental) para que lidere un equipo formado por terapeutas para cada miembro de la familia, un mediador para ambos progenitores y abogados para las partes y el menor. Como ha sido explicado por Sullivan y Kelly, esta figura especial asume un rol cuasi judicial “incluyendo tomar decisiones específicas sobre los menores, gestión del caso y otras valoraciones … intervenciones estructurales que son de obligado cumplimiento legal, y la resolución inmediata de los conflictos…”[74] Otras recomendaciones importantes son que el Tribunal ordene a las partes que renuncien a importantes derechos de confidencialidad (privilegios), [75] y que los Tribunales obliguen a los progenitores a compartir los potencialmente onerosos costes de forma igualitaria[76].
Algunas de estas propuestas específicas son claramente contrarias a la ley vigente. La Ley Constitucional de California, la Estatutaria y la jurisprudencia, por ejemplo, dejan claro que el esquema que proponen Sullivan y Kelly (que aparentemente autorizaría una figura especial por encima de las objeciones de uno o ambos progenitores) constituye una inadmisible denegación de la autoridad judicial. [77]
De forma parecida, su recomendación de órdenes judiciales de renuncia (de “confidencialidad limitada” en su terminología) requiere que los tribunales actúen contrariamente a las obligaciones legales.[78] Finalmente, aunque su propósito de que las partes compartan los costes por igual no es contrario a la ley, es potencialmente punitivo para la parte con menos dinero.
A pesar de los antecedentes que resaltan la diferencia legal entre órdenes consensuadas y no consensuadas, varios autores en el simposium (incluyendo uno cuya recomendación de un master especial fue desestimada en el caso legal control) apoyan las recomendaciones de Sullivan y Kelly.[79] Sin embargo, es improbable que las cortes de apelación californianas ignoren la distinción entre coacción judicial y acuerdos voluntarios. El fallo de estos destacados especialistas forenses al tratar este tema no deja claro si no entienden la diferencia, o si simplemente no les importa. En cualquier caso, la posibilidad de que decisiones casi-judiciales puedan ser introducidas por aquellos que no tienen en cuenta tales diferencias dignas de consideración, es preocupante en el mejor de los casos.
Incluso aunque fueran legales, los autores conceden que los remedios que proponen son extremadamente costosos.[80] Además, no proporcionan una seguridad razonable de que estas recomendaciones servirán a los intereses de los menores[81] o de que por lo menos mejorarán la situación que existiría sin intervención judicial.[82] Como Sullivan y Kelly reconocen:
“Contrariamente a lo que suelen decir los expertos en custodia infantil y los grupos defensores del concepto de alienación parental, hay pocas pruebas empíricas en la investigación que apoyen ninguna intervención específica, como cambiar la custodia, en los casos graves crónicos. Además, no hay datos experimentales que indiquen si una alienación arraigada y un rechazo total permanente de un progenitor biológico tienen efectos dañinos a largo plazo en el desarrollo psicológico del niño… De la misma forma, hay soporte clínico pero no hay demostración por investigación experimental, de que el progenitor rechazado y el niño al avanzar la relación, llegan a un momento de reconciliación y arreglan su relación.”[83]
Como Johnston señala, “Los resultados a largo plazo [del trabajo terapéutico con niños alienados y sus familias] son una especie de conjetura actualmente desconocida”.[84] Esta discusión sugiere que los autores comparten suposiciones no probadas sobre los papeles de los tribunales y los profesionales de salud mental en las disputas entre progenitores por la custodia de los niños.[85] Emplean un modelo médico que asume que todas las dificultades interpersonales graves pueden y deben ser resueltas por intervenciones de salud mental. Como consecuencia, piden a los tribunales que ordenen a las partes que no son ni abusivas ni negligentes, que trabajen y cooperen con equipos costosos de profesionales intrusos, incluso cuando no hay seguridad de que se consiga una mejoría antes de que se hayan agotado los recursos de la familia, o de que los resultados sean apreciablemente mejores de lo que es probable que ocurra sin intervención.
Su creencia de que tal intervención es apropiada puede surgir en parte de la tendencia en custodia del “mejor interés para el menor” y de lo bien que se considera a los progenitores no-custodios. Cada uno de estos bien intencionados desarrollos ha traído un aumento de litigios en los casos de custodia y una expansión del papel de los mediadores y evaluadores. Los progenitores que una vez fueron considerados como custodios adecuados para sus hijos (y capaces de tomar decisiones correctas para ellos), están ahora sometidos a una exhaustiva vigilancia y a órdenes para que ejerzan como buenos progenitores, que requieren amplia cooperación y contacto entre padre y madre. Esto a su vez ha generalizado cada vez más las mediaciones y evaluaciones en la custodia a familias con problemas menores y menos dinero. Sin embargo, el enorme incremento de estos cambios ha enmascarado el grado de intromisión que sufren los progenitores después del divorcio o la separación, mucho mayor que en otros contextos.
Aunque la separación parental pueda desde luego, causar o exacerbar las dificultades intrafamiliares, el grado en el que dichas dificultades justifican la intervención pública es un tema político y legal. Algunas dificultades, aunque extremadamente desgraciadas, son consideradas adecuadamente como propias de las familias y los individuos, para que ellos las resuelvan como un tema privado, siempre que sea posible. Cuando un progenitor muere, por ejemplo, ninguna doctrina legal de familia impone terapia para el duelo a los menores o al progenitor que sobrevive, excepto si hay conductas (como negligencia, abuso, u otros comportamientos criminales) que proporcionen una base independiente para la intervención coercitiva. Hay motivos para preguntar si una respuesta diferente está justificada cuando las dificultades emocionales ocurren en el contexto de una separación o divorcio. Desde luego la presencia de dos progenitores con deseos diferentes es importante, pero quizás en mucho menor grado de lo que la práctica actual sugiere.
Realmente, reservas de este tipo en el contexto de la custodia son recomendadas en las conclusiones de un estudio pionero de 25 años de seguimiento, de 131 hijos de matrimonios divorciados en California. El trabajo original, Surviving the Breakup,[86] reveló las diferencias en la respuesta de los niños a la separación de sus padres, diferencias que reflejaban las distintas etapas de desarrollo. Las autoras, Dra Judith Wallerstein y Dra. Joan Kelly, detectaron una conducta de enfado característica para los niños de nueve a doce años de edad, que a veces culpabilizaban al progenitor que ellos creían que había provocado el divorcio, y se identificaban con el progenitor que ellos consideraban inocente.[87] Este trabajo demuestra que son equivocadas las suposiciones de Gardner sobre la incidencia,[88] las causas y las consecuencias de tales alineaciones entre progenitores y niños, y en consecuencia sus recomendaciones a partir de dichas suposiciones son inadecuadas. Parece que los defensores de AC pueden haber reaccionado también de forma exagerada.
Más radicalmente, Wallerstein revela que estas alineaciones de niños eran transitorias, cada niño más tarde abandonaría su posición de rechazo, sobre todo al cabo de uno o dos años y todo antes de la edad de 18.[89] Ella explica que siempre que los niños permanecieron con los cuidadores primarios, acabaron hablando bien de los progenitores a los que antes habían tratado tan mal. Esto es radicalmente diferente a la predicción no probada de Gardner según la cual sin una intervención inmediata y tajante, el padre desfavorecido puede ser permanentemente expulsado de la vida del niño. Como Wallerstein relata la cronología,
“En estas situaciones [que implicaron a una quinta parte de los niños del estudio], el niño es por lo general un preadolescente o joven adolescente y el progenitor rechazado es el que solicitó el divorcio.... el niño… procura recomponer la familia o ayudar al progenitor afligido.... Los problemas provocados por niños presumiblemente bien educados fueron increíbles…
Siguiendo estas alianzas durante años, encontré que la mayoría son efímeras y pueden invertirse. Los niños… pronto se aburren o avergüenzan de sus travesuras. Ninguna alianza duró toda la adolescencia, y la mayoría se desmoronaron en uno o dos años… la mayoría de niños encontraron su camino hacia actividades apropiadas para su edad cuando entraron en la adolescencia.... Con el tiempo, suelen volverse contra el progenitor que los animó a comportarse mal.”[90]
En lo que parece una referencia velada a los que defienden la teoría del SAP de Gardner, ella concluye,
“Hay una gran ventaja en permitir que la maduración natural siga su curso y evitar una intervención excesivamente protectora para romper estas alianzas, que generalmente son fortalecidas por los intentos de separar a los aliados. Se puede comparar lo anterior con un caso moderado de gripe que moviliza el sistema inmunológico y genera anticuerpos. No es un cáncer fulminante que requiere la cirugía radical o la amputación de un miembro, sobre todo por cirujanos mal entrenados.”[91]
La preocupación de Wallerstein por intervenciones demasiado protectoras, aunque autorizadas por el contexto de transferencias de custodia, parece igualmente aplicable a la amplia gama de intervenciones coactivas propuestas sólo un año más tarde por Johnston, Kelly, Sullivan, y sus coautores. El trabajo de Johnston es el más difícil de reconciliar. Ella escribió sobre casos aparentemente insuperables que observó en su estudió sobre disputas por la custodia altamente conflictivas, al principio fue más lejos que Wallerstein en criticar expresamente las recomendaciones de Gardner:
“En nuestra experiencia quitar enérgicamente… a los niños del progenitor alienador y dárselos en custodia al progenitor rechazado, como recomienda Gardner (1987), es una decisión equivocada; probablemente no es sólo ineficaz, sino además punitiva y dañina, porque esto por lo general intensifica el problema.”[92]
Realmente Johnston se pregunta si se debería pedir a los niños que visitaran al padre rechazado en circunstancias tan hostiles. Notando que la literatura no clarifica las circunstancias bajo las cuales estas visitas beneficiarían a los niños, ella concluyó,
“A pesar de que diariamente los profesionales de salud mental recomiendan y los tribunales ordenan, disposiciones de regimenes de visita para miles de niños, todavía hay muy pocos conocimientos que justifiquen estas decisiones.”[93]
En publicaciones más recientes, Johnston advierte que “la alienación profunda… muy a menudo ocurre en discusiones sobre custodia altamente conflictivas, y es un acontecimiento poco frecuente entre la población general de niños cuyos padres se divorcian.”[94] Ella también recomienda actuar contra las transiciones frecuentes entre padres cuando los niños manifiestan reacciones de estrés continuadas.[95] Sus afirmaciones son claras.[96] Teniendo en cuenta esto, sin embargo, es desconcertante que Johnston expresamente apruebe muchos aspectos coactivos de Sullivan y el marco legal[97] de Kelly. El apoyo aparente de Johnston al contacto forzado entre los miembros de la familia que están en conflictos intensos, debería ser estrechamente interpretado, considerando sus muchas publicaciones que cuestionan conveniencia y necesidad de tales contactos.
La debacle del SAP y las preocupantes recomendaciones de AC ponen de manifiesto que ha llegado el momento de una profunda reflexión sobre objetivos realistas de la ley de familia. No se debería pedir a los niños que vivieran en circunstancias que sobrepasarían incluso a los adultos más fuertes.[98] Un desarrollo sano del niño es posible si padres, jueces, y profesionales de salud mental afrontan la realidad de la situación de éste. Esto incluye una comprensión realista de las limitaciones de las técnicas para la resolución de los conflictos, de la terapia, y de la tendencia a judicializarlo todo en casos altamente conflictivos. Deberían evitarse esfuerzos excesivos que conllevan sólo pequeñas posibilidades de éxito, para así reducir las cargas emocionales del niño, respetando sus miedos, y mejorando su estabilidad emocional.
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Los hijos de progenitores que no se ponen de acuerdo ni cooperan en lo relativo a su cuidado, son colocados en medio de conflictos de lealtad que sólo pueden estresarlos y a veces hundirlos.[99]
Todavía no sabemos suficiente sobre como los niños desarrollan sus lealtades y sus antipatías, o como las resuelven cuando van madurando, ya sea en su hogar intacto o en casas separadas. Hasta que lo hagamos, la cautela debería guiar a los a terapeutas y tribunales. Un creciente número de investigaciones sobre este áspero y a veces violento mundo, señala que un alto porcentaje de niños envueltos en disputas sobre custodias con un alto grado de conflicto tienden a escaparse.
El SAP creado y desarrollado por Richard Gardner no tiene base lógica ni científica. Es rechazado por científicos socialmente responsables y carece de base sólida, tanto en la teoría psicológica como en la investigación. AC, aunque más refinado para entender las dificultades en las relaciones padres-hijos, implica remedios intrusivos, coactivos y no corroborados. Abogados, jueces y profesionales de la salud mental que tratan con cuestiones de custodia infantil, deberían pensar con cuidado y responder con criterio cuando sus afirmaciones se basan en alguna teoría que se ha propuesto.
En general podemos decir que son necesarios un mayor conocimiento interdisciplinar y una mayor competencia en metodología científica. Estos conocimientos deberían ser tenidos en cuenta siempre que una nueva aserción sea hecha, ya que de ser aceptados darán forma a la interpretación o aplicación de los principios de la ley de familia (por ejemplo, el concepto del mejor interés de un niño). Aunque el empleo de testimonio experto sea a menudo útil, los funcionarios con poder de decisión tienen que hacer su tarea antes que confiar ciegamente en las opiniones de los expertos. Esto es particularmente cierto en campos como la psicología y la psiquiatría, donde los mismos expertos tienen opiniones muy diversas, y los profesionales ya sea por accidente o por forma de hacer, a veces ofrecen opiniones más allá de su maestría. Los abogados y jueces están entrenados para hacer las preguntas difíciles, y esta habilidad debería ser empleada aquí.
La primera pregunta es si la suficiencia científica ha sido reconocida por profesionales evaluadores respetados, por ejemplo, con la inclusión en el DSMIV[100] de la American Psychiatric Association o en el ICD-10 de la Organización Mundial de la Salud.[101] Cuando no existe esta garantía hay que preguntarse si la aprobación ha sido pedida y denegada, o si la inclusión es prematura. Las ideas que son demasiado nuevas, o para las que no existe ningún patrón, pueden ser valiosas,[102] pero su prueba y sus limitaciones deberían ser claramente entendidas. Esto puede ser logrado por investigaciones sobre la muestra en que se basa la teoría, sobre la metodología y las suposiciones que afectan a la recogida de datos, sobre como han sido deducidas las conclusiones de los datos, la probabilidad de que se puedan diseñar extrapolaciones adecuadas, el grado de consistencia interna de las aserciones y su compatibilidad con el conocimiento previamente establecido, y el equilibrio entre beneficios y daños potenciales si la idea más adelante demuestra ser poco sólida.[103]
El reto debe ser proporcionar capacidades profesionales y normas en este campo: una mente imparcial, escepticismo sano, pensamiento riguroso, y análisis correcto de la estrategia. Pero así como la responsabilidad es grande, también es grande la oportunidad. Como el notable filósofo jurídico Jerome Frank expresó:
“Algunos deseos, no importa cuanto luchemos por lograrlos, nunca se realizarán. Pero siempre podemos cambiar el neurótico "pensar en deseos" por lo que Neurath felizmente llamó "desear lo que pensamos,” [i] Usemos por lo tanto el deseo de que la administración de justicia puede ser mejorada. Si lo hacemos, tendremos que admitir que los que toman las decisiones en los tribunales causan con frecuencia graves injusticias, procuraremos descubrir de qué formas se puede hacer mejor este trabajo. Supongo que, aunque tales esfuerzos estarán lejos de la perfección, en ningún caso, dejarán de ser recompensados en cierta medida.” [104]
NOTAS
[1] En los Estados Unidos un law clerk es una persona que da asistencia a jueces y tribunales sobre temas de investigación, es uno de los trabajos más prestigiosos y codiciados de la profesión legal.
[2] © Carol S. Bruch 2002. This article incorporates, with permission, materials first published in Carol S. Bruch, Parental Alienation Syndrome: Junk Science in Child Custody Determinations, 3 EUROPEAN J L REFORM 383 (2001) and Carol S. Bruch, Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases, 35 FAMILY LAW QUARTERLY 527 (2001), available at http://www.thelizlibrary.org/liz/bruch.pdf. It has been revised to address the English authorities.
[3]Professor Emerita and Research Professor of Law, University of California, Davis. For their generous and skilled assistance, the author thanks reference librarians Margaret Durkin, Erin Murphy, Susan Llano, and Elisabeth McKechnie of the UC Davis Law Library. She is also grateful to Tony Tanke, Esq, Beth Tanke, PhD, and her colleagues, Professors Floyd F. Feeney and Edward J. Imwinkelried, for helping her to refine her thinking, and to Professor Nigel Lowe and Denise Carter OBE for their thoughtful comments on the English materials. Errors or omissions are her own. (Sobre el cargo de Bruch http://en.wikipedia.org/wiki/Law_clerk )
[4] Las convenciones para las citas se basan en parte en The Bluebook: A Uniform System of Citation (Harvard Law Review Assoc, 17 edición del 2001).
[5] Richard A. Gardner, Recent Trends in Divorce and Custody Litigation, ACADEMY F, vol 29, no 2, at 3 (American Academy of Psychoanalysis, 1985).
[6] RICHARD A. GARDNER, THE PARENTAL ALIENATION SYNDROME xix (Creative Therapeutics, 2d ed 1998) [hereafter GARDNER (2d ed)], quoted in Introductory Comments on the PAS, formerly available at http://www.rgardner.com/refs/ [hereafter Gardner’s website]; the current iteration has been lightly reworded and is found on Gardner’s website (last updated 31 May 2001 and last visited 16 September 2001) under the title ‘Basic Facts about the Parental Alienation Syndrome.’ Precise reading and careful comparisons between sources are required when Gardner articulates his theories; often, revised wording entails no change in substance.
[7] As to frequency of cases involving sexual abuse, see the careful, comprehensive reports of a major research effort, Nancy Thoennes and Patricia G. Tjaden, The Extent, Nature, and Validity of Sexual Abuse Allegations in Custody/Visitation Disputes, 14 CHILD ABUSE AND NEGLECT 151, at p 160 (1990) (‘Less than 2% of the approximately 9,000 families with custody and visitation disputes served by 8 domestic relations courts included in th[is] study involved an allegation of sexual abuse.’) (emphasis added). See also DEBRA WHITCOMB, WHEN THE VICTIM IS A CHILD 7 (US DEPT OF JUSTICE, OFFICE OF DEVELOPMENT, TESTING AND DISSEMINATION, 2d ed 1992) (‘As an alternative way of framing the magnitude of this problem, sexual abuse allegations occurred in the range of approximately 2 to 1 per 1,000 divorce filings among the courts [in seven jurisdictions] that were studied’) (emphasis added). See also an analysis of Gardner’s work by a University of Michigan professor of social work with degrees in social work and psychology, Kathleen Coulbourn Faller, The Parental Alienation Syndrome – What Is It and What Data Support It? 3 CHILD MALTREATMENT 110–115 (1998).
[8] Compare RICHARD GARDNER, THE PARENTAL ALIENATION SYNDROME 59 (Creative Therapeutics 1992) (90% figure) [hereafter GARDNER (1992)] with GARDNER (2d ed), op cit, n 2, at pp xxix–xxxi (stating that no estimates for PAS can be made, but mentioning reports of alignments [a different, much broader phenomenon] in up to 40% of high-conflict custody disputes).
[9] Indeed, the PAS definition on his website no longer mentions sex abuse allegations (perhaps in response to critiques challenging Gardner’s assertions about the frequency with which unsubstantiated allegations of sexual abuse occur). See Gardner’s website; n 2 above; and nn 21 and 46–48 below. Gardner also now acknowledges that ‘some abusive neglectful parents are using the PAS explanation … as a coverup and diversionary maneuver.’ Publications and lectures that he promotes as assisting those who need to distinguish true from false allegations of abuse or neglect are, however, strongly reminiscent of his earlier, discredited Sex Abuse Legitimacy Scale (SALS) work, described below. See Richard A. Gardner, Differentiating Between Parental Alienation Syndrome and Bona Fide Abuse-Neglect, 27 AM J FAM THERAPY 97 (1998); nn 21and 46–48 below.
[10] Two examples are his efforts to distinguish true from false allegations and his blanket advice to judges that they should refrain from taking abuse allegations seriously, even when supported by a therapist who has seen the child. Compare, eg, Richard A. Gardner, Legal and Psychotherapeutic Approaches to the Three Types of Parental Alienation Syndrome Families—When Psychiatry and the Law Join Forces, 28(1) CT REV 14, at p 18 (Spring 1991) [hereafter Gardner, CT REV] (‘The court’s therapist should have a thick skin and be able to tolerate the children’s shrieks and claims of maltreatment. … To take the allegations of maltreatment seriously … may result in … [lengthy or lifelong] alienation.’), with the authorities discussed in nn 16, 21 and 46–48 below and accompanying text (questioning his methodology and discussing the incidence of false allegations).
[11] Ibid, at pp 16–17 (where his language, although not the substance of his recommendations, has been softened somewhat).
[12] ELEANOR E. MACCOBY AND ROBERT H. MNOOKIN, DIVIDING THE CHILD – SOCIAL AND LEGAL DILEMMAS OF CUSTODY 132–161 (HARVARD UNIV PRESS 1992). Approximately 25% of families experience substantial legal conflict; ‘in these families, the parents – the fathers in particular – harbor especially high levels of hostility toward the former spouse.’ Ibid, at p 159.
[13] ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS, FAMILY COURT SERVICES SNAPSHOT STUDY REPORT 1 – OVERVIEW OF CALIFORNIA FAMILY COURT SERVICES MEDIATION 1991: FAMILIES, CASES AND CLIENT FEEDBACK 8–12 (1992), available at www.courtinfo.ca.gov/programs/cfcc/pdffiles/r01rpt.pdf. In California, mediation is mandatory for all contested custody cases. In this statewide study of most custody mediation sessions conducted by court personnel on a single day, serious issues of child abuse, family violence and substance abuse were raised by the parties in 42% of all mediating families, with an additional 24% raising one of these issues alone. In a review of five federally funded demonstration projects to resolve child access and visitation problems, researchers report, ‘Nearly half of the access denial cases at every site involve allegations of the child’s imperilled safety. Most allegations are made by the residential parent, regardless of sex, against the nonresidential parent and the other people in his/her household. Violent behavior is the only allegation that is consistently leveled with greater frequency against men.’ Jessica Pearson and Jean Anhalt, Enforcing Visitation Rights—Innovative Programs in Five State Courts May Provide Answers to This Difficult Problem, 33(2) JUDGES’ JOURNAL 3, at pp 40–41 (Spring 1994) (citing four additional studies which also indicate ‘that safety concerns feature prominently in many visitation disputes’).
[14] See JUDITH S. WALLERSTEIN AND JOAN BERLIN KELLY, SURVIVING THE BREAKUP – HOW CHILDREN AND PARENTS COPE WITH DIVORCE 77–80 (special vulnerability of 9- to 12-year-olds to alignments, for whom this coping behaviour at divorce wards off loneliness, sadness, and more serious depression), 99, 145–46 and 233–34 (only a weak correlation between children’s anger and parents’ quarrelling), 237 and 253 (BASIC BOOKS 1980); JUDITH S. WALLERSTEIN, JULIE M. LEWIS AND SANDRA BLAKESLEE, THE UNEXPECTED LEGACY OF DIVORCE – A 25 YEAR LANDMARK STUDY 115–117, 125 (HYPERION 2000) (alliances usually involve pre-adolescents or young adolescents in high-conflict cases or when ‘enmity overshadows good sense’); Janet R. Johnston, Children of Divorce Who Refuse Visitation, in NONRESIDENTIAL PARENTING 109–135, at p 124 (SAGE, Charlene E. Depner and James H. Bray eds 1993) [hereafter Johnston, Children Who Refuse Visits].
[15] See AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS: DSM-IV § 297.3: Shared Psychotic Disorder (Folie à Deux) (4th ed 1994) (‘This disorder [in which a second or further person in a close relationship with a primary person comes to share delusional beliefs of the primary person, who already had a Psychotic Disorder, most commonly Schizophrenia,] is rare in clinical settings, although it has been argued that some cases go unrecognised’); Jorg M Fegert, Parental Alienation oder Parental Accusation Syndrome?—Part 1, KIND-PRAX 1/2001, p 3 [hereafter Fegert, Part 1 ]; ibid, Part 2, at KIND-PRAX 2/2001, p 39, at pp 41–42 [hereafter Fegert, Part 2] (citing a literature search by the Würzburger Klinik of the period from 1877 through 1995 that produced only 69 case reports of children and youth that match the description of folie à deux); Jose M. Silveria and Mary V. Seeman, Shared Psychotic Disorder: A Critical Review of the Literature, 40 CANADIAN J. PSYCHIATRY 380, at pp 390–391 (1995) (reporting a literature search covering 51 years, from 1942 through 1993, that produced 123 cases, of which only 75 met the tests for a shared psychotic disorder under DSM-IV; of these only 61 involved two people, of which 31.1% [19 cases] involved parents and children, with only 5 of these involving children 18 years old or younger). Silveria and Seeman note that whether published case reports provide a representative sample or reflect frequency is unknown, but they, Fegert (op cit, n 11), and the DSM (above this note) all describe the phenomenon as rare. See also WORLD HEALTH ORGANIZATION, INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES AND RELATED HEALTH PROBLEMS [ICD-10], Disorder F24: Induced Delusional Disorder (Folie à deux), at p 331 (10th ed 1992).
[16] Silveria and Seeman, op cit, n 11, at pp 390 and 392 report, ‘Age ranges were similar for both the secondaries (10 to 81 years) and the primaries (9 to 81 years).’ There were also no differences in the average ages for primaries and secondaries. Instead, ‘the age distribution is more in keeping with the expected distribution of age of onset for other non-organic psychotic disorders in general, which is relatively rare in the very young and the very old.’ Ibid.
[17] ‘Resistance to visitation among young children, for example, is a developmentally expectable divorce-specific separation anxiety, which is made more intense by overt conflict between parents’ and is unrelated to emotional disturbance of either parents or children. Johnston, Children Who Refuse Visits, op cit, n 10, at p 118. For typical responses to chronically disputing parents at the developmental stages Johnston studied, see ibid, at p 120: ‘temporary reactions (2- [to] 4-year-olds), shifting allegiances (4- [to] 7-year-olds), loyalty conflicts (7- [to] 10-year-olds), and alignments (9- [to] 12-year-olds).’
[18] The reference is, of course, to the story of several blind men, each attempting to describe an elephant. One holds the tail, another the trunk, the third a tusk, and the fourth a leg. Because each describes only his own perceptions, no one provides an accurate description.
[19] As Faller points out, Gardner does not attempt to explain why he believes that ‘perhaps 95% or more’ of all allegations of child sexual abuse are true but ‘the vast majority of allegations in [divorce custody cases] are false.’ Faller, op cit, n 3, at pp 103–104.
[20] As to the frequency of unsubstantiated abuse allegations, see the literature collected and analysed in JOHN E.B. MYERS, A MOTHER’S NIGHTMARE — INCEST: A PRACTICAL LEGAL GUIDE FOR PARENTS AND PROFESSIONALS 133–135 and 198–210 (SAGE 1997); see also ibid, at pp 144–145 (innocent misperceptions of innocent behaviour); Cheri L. Wood, The Parental Alienation Syndrome: A Dangerous Aura of Reliability, 27 LOYOLA LA L REV 1367, at pp 1373–1374 and 1391–1394 (1994).
[21] Gardner once identified a public prosecutor in a criminal child sex-abuse prosecution, for example, as a mother’s ‘hired gun.’ He accordingly rated the defendant less likely to be guilty than if the woman had not sought legal assistance. The prosecutor later pointed out the absurdity of Gardner’s reasoning, saying, ‘If you believe your child has been sexually abused, shouldn’t you be going to an attorney and seeking medical advice?’ Rorie Sherman, A Controversial Psychiatrist and Influential Witness Leads the Backlash against Child Sex Abuse “Hysteria” 15 NAT’L LJ, 16 August 1993, at p 1. The custodial parent, of course, is left in an untenable position under Gardner’s approach. If he or she fails to act in the face of possible abuse, the custodial parent may be guilty of a failure to protect the child, passivity that may lead to a child dependency action or, even, to criminal charges.
[22] Compare GARDNER (1992), op cit, n 4, at pp 146–147 (such folies à trois with therapists are ‘a widespread phenomenon’) and Gardner, CT REV, op cit, n 6, at p 18, with Faller, op cit, n 3, at pp 102–103 (collecting and critiquing relevant passages from Gardner’s work) and Fegert, Part 2, op cit, n 11, at p 41 (reports of a folie à deux or trois are extremely rare). Further, Gardner asserts that when sexual abuse is alleged, these custodial parents and therapists may take personal sexual pleasure in visualising the alleged activity between the noncustodial parent and the child. See Faller, op cit, n 3, at pp 103, 104 and 110–111 (collecting quotations and providing research literature to the contrary); see also Gardner, CT REV, op cit, n 6, at p 16 (attributing allegations to mothers’ sexual fantasies). A trial court judge who sat as a family court judge for one year after several years on the criminal law bench is reported as noting PAS in ‘most of the family law cases he heard’ and as cautioning family law judges ‘to be aware that in addition to the child, professionals upon whom the court relies may also be “brainwashed” by the alienating parent.’ Judge Nakahara on PAS and the Role of the Court in Family Law, PAS-NEWSLETTER, January 1999, at unnumbered pp 2–3 (News for Subscribers), available at http://www.vev.ch/en/pas/bw199901.htm (last visited 30 October 2002).
[23] See Richard A. Gardner, March 2000 Addendum (to GARDNER (2d ed), op cit, n 2), available at http://www.rgardner.com/refs/addendum2.html (last visited 30 September 2001).
[24] In 1993 Professor Janet Johnston, a specialist in high-conflict custody disputes with advanced degrees in social work and sociology, gave initial findings from two studies of high-conflict disputes referred to her research projects by the courts. Refusals to visit appeared frequently, especially among a subset of older children who had been exposed to serious abuse or domestic violence. Almost one-third of the total sample of children were in alignments more than 2 to 3 years post-separation, with three-fourths of the 9- to 12-year olds involved in such behaviour. Johnston concluded that ‘when conflicts are overt and involve the children, and when the disputes are intense and prolonged, the children are more likely to submit to this alignment mode of defending and coping’ and predicted that ‘it is highly likely that children will move into alignments as they approach early adolescence, if the parental conflict is ongoing.’ She contrasted these findings to far more benign findings in a community study of 131 children of recently separated parents. Johnston, Children Who Refuse Visits, op cit, n 10 , at p 124. In that less-troubled population, 20% of the children were in alignments (most of them in the 9- to 12-year-old group), but every case resolved itself before the child reached 18, with most resolving within one or two years when the children regretted their earlier behaviour. Telephone conversation with Dr Judith Wallerstein (10 April 2001). A further report by Johnston concerning children from all these groups (the two court-referred groups and the community study) will appear shortly. See Janet R. Johnston, Parental Alignments and Rejection: An Empirical Study of Alienation in Children of Divorce, J AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE LAW (forthcoming) (assessing the impact of ‘alienating’ behaviours by mothers and fathers and finding that rejected parents are frequently the ‘architects’ of their difficulties with their children).
[25] Gardner acknowledges that his SALS was weighted to find some perpetrators innocent who were in fact guilty. Sherman, op cit, n 17. Although Gardner now disavows responsibility for these applications of his work, he continues to recommend attention to the same factors his early work endorsed. See generally Faller, op cit, n 3, passim.
[26] See, eg, Gina Keating, Disputed Theory Used in Custody Cases: Children Often Victims in Parental Alienation Syndrome Strategy, PASADENA STAR-NEWS, 23 April 2000; MOTHERS OF LOST CHILDREN, SAMPLE OF CALIFORNIA FAMILY LAW CASES: CHILDREN TAKEN AWAY FROM SAFE PARENTS, FORCED TO LIVE WITH ABUSIVE PARENTS (2000), available from Mothers of Lost Children, P.O. Box 1803, Davis, CA 95617; KAREN
WINNER, PLACING CHILDREN AT RISK: QUESTIONABLE PSYCHOLOGISTS AND THERAPISTS IN THE SACRAMENTO FAMILY COURT AND SURROUNDING COUNTIES (THE JUSTICE SEEKERS 2000) (study commissioned by California Protective Parents Association). See also Christine Lehmann, Controversial Syndrome Arises in Child-Custody Battles, PSYCHIATRIC NEWS, 1 September 2000, at unnumbered p 2, available at http://www.psych.org/
pnews/00-09-01/controversial.html. Paul Fink, MD, past president of the American Psychiatric Association agrees, stating, ‘I am very concerned about the influence Gardner and his pseudo-science is having on the courts …. Once the judge accepts PAS, it is easy to conclude that the abuse allegations are false, and the courts award custody to alleged or proven perpetrators. ... Gardner … undermines the seriousness of sexual abuse allegations.’ Ibid. See generally MYERS, op cit, n 16, at pp 8 and 135–138.
[27] See Karen “PP” v Clyde “QQ” 602 NYS2d 709 (App Div 1993) (the trial court’s reference to a book on PAS that was neither entered into evidence nor referred to by any witness provided no ground for reversal of custody transfer to father and termination of mother’s contact with daughter in case where trial court held mother’s sex abuse allegation fabricated and child programmed, the trial court’s reference to a book on PAS that was neither entered into evidence nor referred to by any witness provided no ground for reversal of custody transfer to father and termination of mother’s contact with daughter; mother’s challenge to termination of contact treated as moot because subsequent trial order permitted visitation; no mention by appellate court of expert testimony, if any). See also Karen B v Clyde M, 574 NYS2d 267 (Fam Ct 1991), the deeply troubling trial court opinion in the case.
[28] See, eg, Fegert, Part 2, op cit, n 11, at pp 40–42; Johnston, Children Who Refuse Visits, op cit, n 10, at pp 132–133.
[29] See Krebsbach v Gallagher, 181 AD2d 363 (NY App Div 1992) (trial court’s order transferring custody against recommendation of psychologist and Law Guardian reversed for lack of support in record).
[30] See, eg, Justice R. James Williams, Should Judges Close the Gate on PAS and PA? 39 FAM CT REV 267, at p 267 (2001) (referring to ‘Dr. Richard Gardner, a psychiatrist at Columbia University’); Rola J. Yamini, Note: Repressed and Recovered Memories of Child Sexual Abuse, 47 HASTINGS LJ 551, at p 557, n 58 (1996) (referring to ‘Dr. Richard Gardner, professor of psychiatry at Columbia University’); Joseph Berger, Recanting a Sex Abuse Charge; Family Needs to Heal, but Which Statement Is the Lie? NY TIMES, 10 July 1998, at p B1 (referring to ‘Dr. Richard A. Gardner, professor of child psychiatry at Columbia University Medical School’); Jon Meacham, Trials and Troubles in Happy Valley, NEWSWEEK (US EDITION), 8 May 1995, at p 58 (referring to ‘Richard A. Gardner, a professor of child psychiatry at Columbia University medical school’). Gardner identifies himself by the courtesy academic title he holds from Columbia University (Clinical Professor of Medicine), a title that U.S. medical schools provide to doctors who permit students to observe their practice. Unlike the title Professor of Clinical Medicine, however, the title Gardner enjoys indicates neither full faculty membership nor research accomplishment. See People v Fortin, 706 NYS2d 611, at p 612 (Crim Ct 2000), reporting Gardner’s testimony that his academic appointment is unpaid, and that ‘at present [Gardner’s] therapeutic work actively takes approximately 1 to 2% of his time and the remainder of his time and income are accounted for by forensic analysis and testimony [that increasingly concerns PAS].’ (Fortin was a criminal sex abuse case in which Dr Gardner offered to testify concerning PAS and the credibility of the complaining witness. The court refused to permit his testimony because of a failure to establish general acceptance of PAS within the professional community.)
[31] Creative Therapeutics of Cresskill, NJ, is the publishing firm that Gardner established to publish his works. People v Fortin, 706 NYS2d 611, at p 612 (Crim Ct 2000) (reporting that Gardner’s company had published and marketed all but one of his books since 1978).
[32] Seeking to refute criticism about the absence of scientifically rigorous reports on PAS, Gardner recently published a report of cases from his own practice and consulting work in which he concluded that PAS was present; the case summaries concern 99 children. Richard A. Gardner, Should Courts Order PAS Children to Visit/Reside With the Alienated Parent? A Follow-up Study, 19(3) AM J FORENSIC PSYCHOL 61 (2001). The article is unsuccessful, however, because in it Gardner confounds criminal, family law, and personal injury cases; omits essential information (for example, the children’s ages and information on the nature of any abuse allegations); includes cases in which he had no direct contact with the child; and treats highly disparate factual and legal issues as equivalents. For example, Gardner tallies criminal and personal injury decisions (where courts were without power to adjust custody orders) as cases in which custody or visitation was not adjusted to account for PAS.
[33] An April 2001 electronic search of the Research Libraries Information Network (RLIN), a database that includes the holdings of over 160 major reference libraries, revealed that only 9 of these libraries hold one or both editions of Gardner’s book, THE PARENTAL ALIENATION SYNDROME.
[34] See Gardner’s website, n 2 above, for a listing of his appearances. See generally Sherman, op cit, n 17.
[35] See generally Williams, op cit, n 26, at p 269 and n 21 (concerning the websites of fathers’ groups).
[36] See Gardner’s website, n 2 above, for a listing of such appearances.
[37] See, for example, the publications and cases listed on his website. The website identifies negative publications as supporting PAS, claims that discussions of entirely distinct phenomena (such as alignments) are about PAS, claims that cases in which any reference to PAS is made constitute decisions that the syndrome is scientifically and legally accepted, and claims that articles in peer-reviewed law or mediation journals (which do not provide substantive review of his scientific claims) establish the scientific merit of PAS.
[38] See Gardner, CT REV, op cit, n 6.
[39] Ibid. (‘Richard A. Gardner, M.D., is clinical professor of child psychiatry at Columbia University, College of Physicians and Surgeons.’)
[40] Specifically, Sigmund Freud, Three Contributions to the Theory of Sex: II – Infantile Sexuality, in THE BASIC WRITING OF SIGMUND FREUD 592–593 (THE MODERN LIBRARY, A. A. Brill ed 1938), is cited to support Gardner’s statement concerning cases in which sexual abuse is alleged: ‘I agree with Freud that children are “polymorphous perverse,” and thereby provide [their] mothers with ample supply of material to serve as nuclei for [the mothers’ projection of their own inclinations to paedophilia] onto the father.’ Additional dangerous hyperbole is typified by Gardner’s statement that a child’s hatred for one parent is ‘superficial’ and his warning to judges that ‘tak[ing] the allegations of maltreatment seriously may help entrench the parental alienation syndrome and may result in years of, if not lifelong, alienation.’ Gardner, CT REV, op cit, n 6. Compare the views of reputable scholars set forth in nn 15–18 above.
[41] A recent friend-of-the-court brief provides an example. See Amici Curiae Brief of Leslie Ellen Shear et al, Montenegro v Diaz, Supreme Court of California No S090699 (2001). Written on behalf of mediators, therapists and California attorneys who have passed a specialist’s examination in family law, the brief’s arguments in favour of easier custody modification standards (including transfers in custody) include reliance on PAS. Ibid, at pp 26–30. Judges have also endorsed PAS. See, eg, the remarks of Judge Aviva Bobb, Presiding Judge of the Los Angeles Superior Court Family Court, quoted in Keating, op cit, n 22: ‘[Just because PAS is not supported by scientific evidence] does not mean that it does not exist. One parent is being successful in undermining the child’s relationships with the other parent. That is so serious that the child will not be able to bond [sic] with the other parent. … And unless that parent stops that behavior, that parent should be monitored by a third party.’
[42] Even Gardner now concedes that this is a frequent pattern. Keating, op cit, n 22 (quoting Gardner: ‘Now that PAS is a widespread diagnosis, many abusers are claiming they are innocent victims of PAS’).
[43] Most of the cases listed as admitting PAS on Gardner’s website fit into this category, and the list is therefore misleading. When PAS is mentioned by a party, an expert or a judge, but no challenge to admissibility or decision on point has occurred, no conclusion concerning admissibility can be drawn; the issue has simply been waived. See, eg, In re Violetta B, 568 NE2d 1345 (Ill Ct App 1991) (PAS mentioned by one witness, but not discussed and irrelevant to decision); Crews v McKenna k/a Kuchta, 1998 Minn App LEXIS 793 (7 July 1998) (‘kernel of authenticity’ to 11-year-old’s fears, but ‘some’ of child’s behaviour evidenced PAS); Truax v Truax k/a Briley, 874 P2d 10 (Nev 1994); Loll v Loll, 561 NW2d 625 (ND 1997) (state supreme court upheld trial court’s decision that alienation had not been shown; it noted but did not respond to the mother’s objection that the son’s therapist was ‘unaware that [the child] … was suffering from parental alienation syndrome’).
[44] In the United States, reliable expert testimony on scientific, technical or other specialised knowledge is generally permitted if it will assist the trier of fact understand the evidence or determine a fact that is in issue. The general-acceptance-in-a-particular-field test first articulated for the federal courts in Frye v United States, 293 F 1013, at p 1014 (DC Cir 1923) became the test in most state courts as well. PAUL C. GIANNELLI AND EDWARD J. IMWINKELRIED, 1 SCIENTIFIC EVIDENCE § 1–5 (LEXIS LAW PUB, 3d ed 1999). The US Supreme Court ruled that the Federal Rules of Evidence (adopted in 1975) displaced the Frye test in Daubert v Merrell Dow Pharm Inc, 509 US 579 (1993). Most states have also replaced Frye with Daubert, the new test that considers many factors to determine scientific reliability. Ibid, §§ 1–7 to 1–8 (comparing the standards). See also ibid, § 9–5 (on opinion evidence).
[45] See eg, In the Interest of TMW, 553 So 2d 260, at p 261 (Fla Dist Ct App 1989) (court’s power to order psychological examination at issue, not merits of father’s PAS argument or its relevance to adoption case); Bowles v Bowles, No 356104, 1997 Conn Super LEXIS 2721 (Conn Super Ct 7 August 1997) (court makes orders without regard to PAS theory); In re Marriage of Rosenfeld, 524 NW2d 212, at p 215 (Iowa Ct App 1994) (same). See also Pearson v Pearson, 5 P3d 239, at p 243 (Alaska 2000), where the father’s PAS assertions were heard at trial and the mother apparently did not challenge admissibility on appeal. The state supreme court upheld the trial court’s finding that no alienation was present.
[46] See, eg, In the Interest of TMW, 553 So 2d 260, at p 261 n 3 (Fla Dist Ct App 1989); Hanson v Spolnik, 685 NE2d 71, at p 84 n 10 (Ind Ct App 1997). A powerful concurrence and dissent in Hanson by Judge Chezem details the deficiencies of PAS as a theory and as implemented in this case. The appellate court upheld the trial court’s order of a custody transfer (with complete termination of the mother’s contact with her 6-year-old daughter for two months) on the basis of testimony provided by a psychologist. The psychologist had not interviewed either parent or the child, but based his analysis instead on notes made by a therapist who, in turn, had never met the father. Judge Chezem’s opinion points out that although the father was unable to work due to an emotional disability, neither psychologist had any way of knowing whether the mother’s assertions about the father’s behaviour (she suspected sexual abuse) were true. By one year after the transfer order, the mother was being permitted a 6-hour visit once every 2 weeks. See also Pearson v Pearson, 5 P3d 239, at p 243 (Alaska 2000), where the state supreme court volunteered that PAS (which both parties’ experts accepted) is ‘not universally accepted.’
[47] See, eg, Tungate v Commonwealth, 901 SW2d 41 (Ky 1995) (refusing Gardner’s proposed testimony on ‘indicators for pedophilia’ in criminal case because it went to ultimate issue of guilt or innocence and ‘lacked sufficient scientific basis for the opinions offered’).
[48] See, eg, People v Fortin, 706 NYS2d 611 (NY Crim. Ct 2000); Husband Is Entitled to Divorce Based on Cruel and Inhuman Treatment: Oliver V v Kelly V, 224 NY LJ, 27 November 2000, at p 25 (noting that no testimony was offered to validate PAS and therefore declining to make such a finding). The Fortin court refused to hear Gardner’s PAS testimony for the defendant in a criminal case, holding that the defendant ‘has not established general acceptance of Parental Alienation Syndrome within the professional community which would provide a foundation for its admission at trial.’ In support of its holding, the court cited a concurring opinion of Chief Judge Kaye of the New York Court of Appeal and several articles, including Wood, op cit, n 16. It also quoted Gardner’s view that ‘the concept of scientific proof … is not applicable in the field of psychology; especially with regard to issues being dealt with in such areas as child custody disputes, and sex abuse allegations,’ citing Gardner’s own writings (on which he was cross-examined). See also Wiederholt v Fischer, 485 NW2d 442 (Wis Ct App 1992) (appellate court, although not discussing validity of PAS, upheld trial court’s refusal to transfer custody of ‘alienated’ children to father as his expert urged because only ‘limited research data’ supported theory that removal would provide cure, expert conceded cure was controversial and carried uncertain risks, and testimony from parents and children supported trial court’s finding that transfer would not succeed and was unreasonable). But see Kilgore v Boyd, Case no 94-7573 (13th Jud Cir, Fla 22 November 2000) (transcript of hearing permitting Gardner’s PAS testimony), available at http://www.rgardner.com/pages/kg_excerpt.html.
[49] Williams, op cit, n 26, at pp 275–278.
[50] Gina Keating, Critics Say Family Court System Often Amounts to Justice for Sale, PASADENA STAR-NEWS, 24 April 2000. A similarly outspoken assessment by a well-regarded scholar appears in the American Bar Association’s Journal; referring to Gardner’s withdrawn Sex Abuse Legitimacy Scale (SALS, the basis for Gardner’s PAS theory), Professor Jon R. Conte of the University of Washington Social Welfare Doctoral Faculty remarked, SALS is ‘[p]robably the most unscientific piece of garbage I’ve seen in the field in all my time. To base social policy on something as flimsy as this is exceedingly dangerous.’ Debra Cassens Moss, Abuse Scale, 74 ABA J, 1 December 1998, at p 26. Gardner’s views on paedophilia and what he calls a wave of hysteria concerning child abuse allegations have been received with equally harsh appraisals elsewhere. See, eg, Jerome H. Poliacoff and Cynthia L. Greene, Parental Alienation Syndrome: Frye v Gardner in the Family Courts, available at http://www.gate.net/~liz/liz/poliacoff.htm (a revised version of an article by the same name that originally appeared in the FAMILY LAW SECTION, FLORIDA BAR ASSOCIATION, COMMENTATOR, vol 25, no 4, June 1999).
[51] See, eg, Lucy Berliner and Jon R. Conte, Sexual Abuse Evaluations: Conceptual and Empirical Obstacles, 17 CHILD ABUSE AND NEGLECT 111, at p 114 (1993): ‘[The Sexual Abuse Legitimacy Scale (SALS)] is based entirely on the author’s personal observations of an unknown number of cases seen in a specialised forensic practice. Although reference is made to studies [by Gardner] these are unpublished, not described, and are of unknown value. … Indeed, to our knowledge, the entire scale and parent[al] alienation syndrome upon which it is based have never been subjected to any kind of peer review or empirical test. In sum, there is no demonstrated ability of this scale to make valid predictions based on the identified criteria.’ In addition, Faller notes that Gardner’s work makes reference to none of the works on false allegations of sexual abuse in divorce that predate his publications. Faller, op cit, n 3, at pp 106–108 (analysing Gardner’s work in light of the relevant literature and finding it wanting).
[52] As Faller puts it, Gardner has repudiated the numbers produced by his scale, but not the factors. Although the SALS is no longer listed as a separate publication by Gardner’s press, Creative Therapeutics, Faller examines Gardner’s more recent Protocols and concludes that ‘virtually all SALS factors are included in the Protocols, and the parental alienation syndrome figures prominently in the Protocols as a signal that the allegation of sexual abuse is false.’ Faller, op cit, n 3, at pp 105–106.
[53] See, eg, Metza v Metza, 1998 Conn Super LEXIS 2727 (Conn Super Ct 1998) (mother’s disparaging remarks ‘can lead to the Parental Alienation Syndrome’); Blosser v Blosser, 707 So 2d 778, at p 780 (Fla Dist Ct App 1998) (parties stipulated to admission of psychologist’s report that included conclusion that ‘child did not exhibit any parental alienation syndrome’); In re Marriage of Condon, 73 Cal Rptr 2d 33, at p 39 n 9 (Ct App 1998) (mentioning but not discussing father’s ‘declaration and supporting materials [from a psychologist] regarding “Parental Alienation Syndrome”’; quotation marks, however, suggest scepticism); In re John W, 48 Cal Rptr 2d 899, at p 902 (Ct App 1996) (father given custody without discussing expert’s reasoning that mother’s good faith belief that father had molested child was produced by subtle, unconscious PAS); White v White, 655 NE2d 523 (Ind Ct App 1995) (mother sought to introduce evidence to rebut father’s factual assertions but did not question PAS theory). But see Wiederholt v Fischer, 485 NW2d 442 (Wis Ct App 1992) (appellate court upheld trial court’s refusal to transfer custody of ‘alienated’ children to father as his expert urged, in part because transfer carried uncertain risks, and testimony from the parents and children supported trial court’s finding that transfer was unreasonable); Bowles v Bowles, 1997 Conn Super LEXIS 2721 (Conn Super Ct 1997) (court refuses to order custody transfer to father because ‘it would be unrealistic and counter-productive’). Cases that Gardner’s website lists as examples of PAS’s admissibility, however, whether domestic or foreign, rarely address the scientific sufficiency question. See n 50 below, and accompanying text.
[54] See, eg, Johnson v Johnson, No AD6182, Appeal No SA1 of 1997, Family Court of Australia (Full Court) (7 July 1997), vailable at http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/family_ct/ (trial court erred in not allowing father to recall expert witness in order to put questions on PAS; no discussion of PAS’ scientific sufficiency; mother’s counsel conceded relevance of PAS but argued unsuccessfully that questions had already been put under another label); Elsholz v Germany, 8 EUR CT HR 2000, at para 53 (deciding that the German courts’ refusal to order an independent psychological report on the child’s wishes and the absence of a hearing before the Regional Court constituted an insufficient involvement of the applicant in the decision-making process, thereby violating the applicant’s rights under Arts 8 and 6 §1 of the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). PAS appears only in the father’s arguments, not in the court’s findings or reasoning. See ibid, at paras 33–35, 43–53 and 62–66.
[55] [2000] 2 FLR 334.
[56] [2002] 1 FLR 1136.
[57] See Claire Sturge in consultation with Danya Glaser, ‘Contact and Domestic Violence – The Experts’ Court Report’ [2000] Fam Law 615.
[58] Ibid, at pp 622–623.
[59] Ibid (citing Faller’s ‘elegant rebuttal’ of PAS as consistent with their own and reasoning that because there are many possible explanations for cases entailing ‘implacable hostility,’ appropriate responses depend upon the ‘nature and [individual circumstances] of each case’).
[60] The roles of evaluator and therapist are distinct and there is, of course, always a danger of self-serving behaviour if an evaluator recommends that he or she be employed to conduct any therapy that he or she is recommending. It is unfortunate that this conflict of interest went without comment from the court.
[61] Dame Elizabeth Butler-Sloss P indicated that the father, who appeared in propria persona, failed to grasp the importance of his own behaviour in causing his youngest daughter’s antipathy to visits. (The man had twice left his wife and four daughters for his secretary, whom he ultimately married.) The President remarked, ‘I would say to Mr C that his view of the significance of parental alienation syndrome may have obscured other more obvious indicators that [his daughter] herself is giving.’ [2002] 1 FLR 1136, at para [13].
[62] The President said, for example, ‘I do ... warn [the father] that if he continues to make applications for residence or shared residence without any real basis ... he may well find himself with an application by the mother, which will be sympathetically entertained by the High Court judge who hears it. … At the moment ... evidence [that would support the father’s requested order] does not exist in the voluminous papers that have been presented to us.’ Ibid. Further, in appointing Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS) as guardian for the child and for a sister who was also still a minor, the President stated that, should the father mount another application, ‘CAFCASS Legal should have leave to instruct a mental health expert, either a psychiatrist or psychologist, if so advised, (that would be a matter for CAFCASS Legal with no impetus from this court[)] ... to see whether there is any way out of the problems and not to concentrate upon the issue of parental alienation syndrome.’ Ibid (emphasis added).
[63] Coming so soon after the Court’s decision in Re L (Contact: Domestic Violence), Dame Elizabeth Butler-Sloss P’s view of the case and her warnings to the father are probably best understood as further nails in the coffin of PAS. Unfortunately, however, perhaps in an extemporaneous effort to soften the unrepresented father’s losses, the President added to the remarks set forth in note 58 above that the father’s PAS assertion ‘will of course take its place in any consideration but not to obscure the other matters that may need to be looked at.’ Tony Hobbs argues that this remark recognizes the existence of PAS, while Catherine Williams believes to the contrary that the President ‘is simply acknowledging the father’s views ... and saying that any mental health expert appointed will have to consider all the issues put before him.’ Compare Tony Hobbs, ‘Parental Alienation Syndrome and UK Family Courts, Part I’ [2002] Fam Law 182, at p 182 [hereafter Hobbs, ‘Part I’] (asserting that ‘PAS has now been proven to respond to appropriate psychological treatment,’ but citing no support); Tony Hobbs, ‘Parental Alienation Syndrome and UK Family Courts – The Dilemma’ [2002] Fam Law 381, at p 385 [hereafter Hobbs, ‘The Dilemma’], with Catherine Williams, Newsline: ‘Parental Alienation Syndrome’ [2002] Fam Law 410, at p 411. As an alternative to the analysis suggested in the text accompanying this note, if the Court of Appeal again confronts an allegation of PAS that has not been tested below for scientific reliability, it could undertake that review itself. See generally R v Gilfoyle [2001] Crim LR 312; Strudwick and Merry (1994) 99 Cr App Rep 326; and n 40 above (articulating varying tests).
[64] As a general matter, custodial households are at a financial disadvantage in the United States, and custodial parents are less likely than noncustodial parents to be represented in custody litigation. MYERS, op cit, n 16, at p 8 vividly describes, for example, the costs to the custodial parent and the tactical advantages to the noncustodial parent of pre-trial discovery to ‘keep … [the protective parent and counsel] off balance and distract them from the important work of getting ready for court.’
[65] Similar analytical sloppiness has accompanied other recent fads in American custody law – theories favouring joint physical custody over the objections of a parent, opposing relocation of custodial households, enforcing frequent visitation in high-conflict (even physically abusive) cases, and permitting dispositional recommendations from mediators to courts. In each of these areas, a great many troubling trial court decisions had been entered before leading scholars and practitioners pointed out their flawed reasoning. For a critical assessment of one such more recent innovation see the textual discussion below of so-called special masters.
[66] See Anita Vestal, Mediation and Parental Alienation Syndrome: Considerations for an Intervention Model, 37 FAM AND CONCILIATION COURTS REV 487 (1999).
[67] See, eg, Deirdre Conway Rand, The Spectrum of Parental Alienation Syndrome, AM J FORENSIC PSYCHOL, vol 15, 1997, no 3, at p 23 (Part I) and No 4, at p 39 (Part II), which is replete with inaccurate characterisations of the findings and views of many scholars, including those of Judith Wallerstein, Janet Johnston and Dorothy Huntington. Rand frequently cites works as dealing with PAS although they discuss distinct matters that Rand and others confound with PAS in ways similar to Gardner, as discussed in this article. Accord telephone conversation with Dr Judith Wallerstein, 10 April 2001.
[68] The Lord Chancellor’s Advisory Board on Family Law: Children Act Sub-Committee (CASC) Report, Making Contact Work: A Report to the Lord Chancellor on the Facilitation of Arrangements for Contact between Children and their Non-residential Parents and the Enforcement of Court Orders for Contact 17 (February 2002), for example, states that 148 of 167 respondents to CASC’s broadly disseminated questionnaire agreed that ‘the principles set out by Dr Sturge and Dr Glaser … represent a generally accepted professional view.’ Among those responding in the affirmative, ‘the overwhelming majority … [also] made it quite clear that they agreed with the two doctors’ analysis.’ Ibid. The 19 respondents who disagreed with or qualified the experts’ views were primarily men and men’s organizations expressing two concerns: (1) that PAS should have been accepted, and (2) that requiring a noncustodial parent to prove that contact benefits the child in every visitation dispute would impose an inappropriate burden of proof. Ibid, quoting Tony Coe on behalf of the Equal Parenting Council regarding the burden-of-proof issue. Mr Coe is president of the Council and is also now affiliated with Family Law Training & Education Limited, incorporated on 19 April 2002, for which the Kensington-Institute.org is a service mark. See http://www.kensington-institute.org/ (last visited 5 October 2002); http://www.companieshouse.gov.uk/info/ (specify ‘family law training’ in search box) (last visited 5 October 2002); http://www.lawzone.co.uk/cgi-bin/forum.cgi?forum=6&comment=90 (last visited 5 October 2002).
[69] English legal publications on PAS, for example, often provide no references to scientific source materials or named experts. See, eg, Caroline Willbourne and Lesley-Anne Cull, ‘The Emerging Problem of Parental Alienation’ [1997] Fam Law 807 (referring merely to ‘parental alienation – a phenomenon recognised by American psychologists and increasingly finding recognition amongst doctors in the UK’); Dr Susan Maidment, ‘Parental Alienation Syndrome – A Judicial Response?’ [1998] Fam Law 264, at pp 264–265 (discussing English cases involving visitation difficulties that the author concludes justify an order changing the child’s residence or the institution of care proceedings, but citing no research literature or mental health expertise beyond unnamed ‘expert psychiatric opinion in the USA [that] is beginning to be adopted in the UK by some psychiatrists’); L.F. Lowenstein, ‘Parental Alienation Syndrome’ (1999) 163 Justice of the Peace 47 (passim); Hobbs, ‘Part I’, op cit, n 59, at 182 (asserting that ‘PAS has now been proven to respond to appropriate psychological treatment,’ ut citing no support); Hobbs, ‘The Dilemma’, op cit, n 59, at 385 (asserting that ‘[i]n the US a body of knowledge is accruing on the successful management of PAS,’ but again providing no support).
[70] See, eg, n 63 above (discussing the work of Rand), and the articles by Hobbs, who is both a justice of the peace and a psychologist. Compare, eg, Hobbs, ‘Part I’, op cit, n 59 (citing the Australian case of Johnson v Johnson and the Florida case of Kilgore v Boyd as demonstrating that ‘effective treatment [for severely entrenched PAS] may be able to commence only when robustly supported by collaborative judicial action’) with nn 44 and 50 above (concerning these cases). Hobbs also cites the trial court case of Berg-Perlow v Perlow for the same proposition, but the appellate report (affirming the trial court) does not indicate whether the child, who had become violent at home and at school during the divorce, had ever been influenced by alienating behavior, nor whether the child’s behavior had improved due to treatment. Rather, the father’s behavior was clearly very disturbed, and his access appears to have been restricted for reasons independent of any possible efforts to alienate the child. See Perlow v Berg-Perlow 816 So 2d 210, 2002 Fla App LEXIS 6179 (8 May 2002). See also Hobbs’ citations of Johnson and Elsholz v Germany, a decision of the European Court of Human Rights, for the proposition that ‘judicial willingness to acknowledge PAS … must initially be kick-started by the highest court with jurisdiction over the land.’ As note 50 above reveals, neither of these cases supports Hobbs’ proposition; they concern instead procedural rights, not an endorsement of PAS by the courts. PAS was entered into evidence without objection in Johnson and was not even mentioned in the Elsholz court’s reasoning. Imprecisio also occurs in Hobbs’ reliance on R v Gilfoyle [2001] Crim LR 312; the quotation he provides on English evidence law does not appear in the case. Further, his unsupported assertion that Sturge and Glaser’s views on PAS do not reflect ‘the profession’s most commonly held views and practice’ (ibid, at p 189) has been effectively rebutted by the CASC survey reported in Making Contact Work, which appeared, however, only after Hobbs’ article was drafted. See n 64 above. Similar difficulties can be found in Hobbs, ‘The Dilemma’, op cit, n 59, for example, in the discussions of Re C (Prohibition on Further Applications) and of Sahin v Germany [2002] 2 FLR 119, a decision of the European Court of Human Rights that involved procedural rights and equal treatment for married and unwed fathers, but did not turn on PAS.
[71] En mayo de 2001, por ejemplo, una conferencia nacional sobre resolución de conflictos, menores y los tribunales incluía un seminario de media jornada titulado “el abc de las familias altamente conflictivas y los menores alienados” y también un panel dedicado a “restableciendo las relaciones entre menores alienados y sus padres”. 38ª Conferencia Anual de la AFCC., 9-12 de mayo de 2001.
El número de julio de 2001 de “Family Court Review” contiene un simposio sobre Menores Alienados. Como describen los editores, el objetivo es “revisar las dificultades psicológicas y legales del Síndrome de Alienación parental… y desarrollar una comprensión más compleja y más útil de las situaciones en las cuales los menores rechazan un progenitor de forma intensa e inesperada durante o después de un divorcio”. Janet R. Johnston y Joan B. Nelly, Guest Editorial Notes, 39 Fam. Ct. Rev. 246, pag. 246 (2001). En su artículo para la revista, Johnston y Kelly señalan una nueva formulación que pueda distinguir menores alienados “de otros menores que también se resisten al contacto con un progenitor después de la separación pero por razones diversas atribuibles al desarrollo normal (incluso separaciones realistas de padres violentos, negligentes y abusadores)”. Ibid, resumen de Janet R. Johnston y Joan B. Nelly, El menor alienado: una reformulación del Síndrome de Alienación Parental, 39 Fam. Ct. Rev. 249 (2001). [de ahora en adelante Kelly y Jonhston, El menor alienado].
[72] El resumen siguiente está basado en Kelly y Jonhston, El menor alienado, op. cid, n6-7. Sea como fuere el desacuerdo con Gardner en relación a los cambios de custodia aparecen en un artículo de Janet R. Jonhston, Trabajo terapéutico con menores alienados y sus familias, 39 Fam. Ct. Rev. 316 pág. 316.(2001):
“La aproximación terapéutica a los menores alienados y sus familias descrita en este artículo se diferencia enormemente a otras aproximaciones coercitivas y punitivas en su naturaleza (por ejemplo, Gardner [2d ed, op. cit. n2] prescribía sanciones primarias del Tribunal en casos leves y moderados y cambios de custodia en casos graves). Se basa en dos décadas de conocimiento especializado y habilidades derivadas de métodos más humanos de educación, mediación y conciliación…”
Johnston y sus coautores aceptan lo que llaman “el uso juicioso y coordinado de limitaciones legales y la administración de casos junto con estas intervenciones terapéuticas”, y adoptan algunas recomendaciones coercitivas de un artículo de Sullivan y Kelly. Ibid,pag. 316 y pags. 330-332, asentando su propia aproximación más moderada, pero basándose, en parte, en Matthew J. Sullivan y Joan B. Kelly, Administración psicológica y legal de casos con un menor alienado, 39 Fam. Ct. Rev. 299 (2001).
[73] La definición de menor alienado usada en el simposio de “Family Court Review” es:
“aquel que ha expresado libre y persistentemente sentimientos negativos poco razonables (tales como ira, odio, rechazo y/o miedo” hacia el progenitor que son muy desproporcionadas en relación a la experiencia del menor con ese progenitor. Desde este punto de vista, el comportamiento perjudicial de un progenitor “programador” no son el punto de partida. En cambio, el problema del menor alienado comienza con un enfoque inicial en el menor, su comportamiento observable, y las relaciones progenitor-menor”.
Andrew Schepard, Editorial Notes, 39 Fam. Ct. Rev. 243 pag 243 (2001), citando El menor alienado de Kelly y Jonhston, op. cid., n67, pag 251. Ver Williams, op. cid, n26 pags 271-273 (discutiendo otras definiciones de Alienación Parental).
[74] Sullivan y Kelly op. cid. N68, pag 314 apéndice ver además ibid. Pag 300 y 308 (el papel de las figuras especiales en la relación a la mediación para los menores), 309,310 (muestras de formularios obligando a las partes a firmar documentos de confidencialidad y acordando compartir costes, y ejemplos de formularios referidos a temas sobre la disputa de la custodia remitidas a la figura especial, privando a los progenitores de obtener documentos jurídicos realizados por abogados hasta que la figura especial haya convocado una reunión), 311 (refiriéndose a la autoridad delegada a un líder de grupo para “codificar” decisiones como órdenes judiciales), 315 (“Si ha sido autorizado por el Tribunal, la figura especial puede llevar adelante… intervenciones que son de obligado cumplimiento…”). Comparar ibid., pág 303, la única referencia de los autores a una condición, aquella que autoriza “una figura especial limitada en el tiempo mientras se desarrolla una evaluación”.
[75] Ver ibid. Pag 310 (muestras de formularios obligando a las partes a firmar documentos de confidencialidad). Los autores reconocen sus explicación alguna, que su recomendación puede llegar bajo un examen legal o ético. Ibid.
[76] Referencias a los gastos aparecen, por ejemplo, en Johnston et al, op. cid, n68, pag 330-331 y en Sullivan y Kelly, op. cid, n68, pag 300-311 ( refiriéndose a casos en los cuales las necesidades familiares superan ampliamente los recursos disponibles), y 314 ( haciendo una relación de la figura especial, los terapeutas de los menores, los terapeutas de los progenitores, mediadores de ambos progenitores, abogados de los progenitores y abogados de los menores o guardianes ad litem como miembros potenciales de un “equipo de colaboración”).
Sullivan y Kelly recomiendan compartir todos los costes no asegurados de forma igualitaria entre las partes a lo largo de todo su artículo. Ver también n76 más abajo.
[77] Sullivan y Kelly parecen haber confundido estipulaciones voluntarias con órdenes del tribunal posteriores al litigio. El uso del lenguaje a lo largo del artículo, en especial en sus ejemplos de formularios, sugiere de forma incorrecta que los Tribunales pueden obligar a una persona a estar de acuerdo con temas que la Ley deja a una decisión personal. Ver Ruisi vs Thieriot, 62 cal Rptr 2d 766, pags 771-775 ( ct. App. 1997) que invertía la orden judicial (adoptando la recomendación de la doctora Margaret Lee) que designaba una figura especial sin tener en cuenta la objeción de una de los progenitores y también invertía una orden excusando a la figura especial de la obligación de informar de los procedimientos. Ibid, pag 772. El Tribunal de apelación dijo: “La autoridad del Tribunal [ de designar un forum separado para resolver las disputas judiciales de la familia] está limitada por el principio constitucional básico del Estado que dice que el Poder judicial no puede ser delegado. El Tribunal no tiene autoridad alguna para asignar temas a un árbitro o una figura especial que tome decisiones sin una autorización explícita estatutaria. Una referencia inválida constituye un error jurisdiccional al que no se puede renunciar.
‘When, as here, the parties do not consent to a reference, the authority of the trial court to direct a special reference is limited to particular issues. The trial court has no power to refer issues other than those explicitly specified by statute. …’ Ibid, at pp 772–773 (citations omitted). As the court also pointed out, the case did not involve the appointment of a court commissioner. Ibid, at p 772, n 9. Nor did it involve the court’s power, upon agreement by the parties, to order a reference to try ‘any or all of the issues in an action or proceeding, whether or fact or of law.’ Ibid, at p 773, n 13.
(Reversal was also granted in Ruisi v Thieriot on a second issue as to which the trial court accepted a recommendation from Dr Lee, who had testified that it would harm an 8-year-old boy’s development to move anywhere at all with his mother, even to a nearby county. The child lived with his mother and saw his father on weekends. On remand, in light of In re Marriage of Burgess, 913 P2d 473 (Cal 1996), which articulated a new standard for relocation cases, the mother and child were permitted to relocate to the East Coast. See generally, Carol S. Bruch and Janet M. Bowermaster, The Relocation of Children and Custodial Parents: Public Policy, Past and Present, 30 FAM LQ 245 (1996).)
[78] California evidence law, for example, requires that judges recognise privileges such as patient–therapist confidentiality on the motion of any party or, indeed, sua sponte, unless a specific exception applies. CAL EVID CODE § 916. Sullivan and Kelly’s suggestions that courts order parties to waive such confidentiality asks, at least in the California context in which they practice, that judges violate their statutory duties.
[79] See, eg, S. Margaret Lee and Nancy W. Olesen, Assessing for Alienation in Child Custody and Access Evaluations, 39 FAM CT REV 282, at pp 295–296 (2001) (Dr Lee was the expert who recommended the appointment of a special master in Ruisi). See also n 73 above.
[80] See, eg, references to parties’ abilities to pay in Johnston et al, op cit, n 68, at pp 330–331; Sullivan and Kelly, op cit, n 68, at pp 300, 311 (concerning cases in which the family’s needs far exceed available resources), and 314 (listing the special master, child’s therapist, parents’ therapists, co-parent counsellor, parents’ attorneys, and child’s attorney or guardian ad litem as potential ‘collaborative team’ members). Sullivan and Kelly repeatedly recommend orders splitting all uninsured costs equally between the parties; this recommendation is likely to cause serious hardship for the lower-earning parent, and it is puzzling that they do not account for that difficulty. See also n 72 above and accompanying text.
[81] Sullivan and Kelly, op cit, n 68, at p 309: ‘[S]anctions [imposed on an uncooperative parent] that involve the child or custody (sometimes as extreme as hospitalization or incarceration) are rarely based on the best interests of the child.’
[82] See nn 81–89 below and accompanying text.
[83] Sullivan and Kelly, op cit, n 68, at pp 313–334.
[84] Johnston et al, op cit, n 68, at p 329.
[85] The works reviewed here from the Family Court Review July 2001 symposium and a recent friend-of-the-court brief indicate that many mental health professionals hope to do far more than counsel parties. They seek quasi-judicial roles that will authorise them to prescribe the details of life for many parents and children. Most troubling of all is that they wish to do so in a framework that lacks due process projections such as a record, evidentiary privileges, and full access to the courts. See Amici Curiae Brief, op cit, n 37.
[86] WALLERSTEIN AND KELLY, op cit, n 10.
[87] Ibid, at pp 74–75: ‘The single feeling that most clearly distinguished this group from the younger children was a fully conscious, intense anger. … Approximately half of the children … were angry at their mothers, the other half at their fathers, and a goodly number were angry at both. In the main children were angry at the parent whom they blamed for the divorce.’
[88] Gardner has suggested that PAS may be present, albeit in varying severity, in perhaps 40%–90% of all contested custody cases. See n 4 above and accompanying text. Wallerstein and Kelly’s 20% overall figure deals with alliances rather than PAS and largely reflects the subset of 9- to 12-year olds in a sample of divorcing couples, not all of whom were disputing custody. They note that the anger and alignments of this age group distinguish it from other age ranges.
[89] Telephone conversation with Dr Judith Wallerstein, 10 April 2001.
[90] WALLERSTEIN, LEWIS AND BLAKESLEE, op cit, n 10, at pp 115–116.
[91] Ibid, at pp 116–117.
[92] Johnston, Children Who Refuse Visits, op cit, n 10, at p 132.
[93] Ibid.
[94] Kelly and Johnston, The Alienated Child, op cit, n 67, at p 254.
[95] JANET R. JOHNSTON, HIGH-CONFLICT AND VIOLENT PARENTS IN FAMILY COURT: FINDINGS ON CHILDREN’S ADJUSTMENT, AND PROPOSED GUIDELINES FOR THE RESOLUTION OF CUSTODY AND VISITATION DISPUTES, Access/Visitation: General Principles No 2 and n 2, available at http://www.courtinfo.ca.gov/programs/cfcc/pdffiles/hcvpfcs.pdf.
[96] See generally Carol S. Bruch, And How Are the Children? The Effects of Ideology and Mediation on Child Custody Law and Children’s Well-Being in the United States, 2 INT’L J LAW AND FAM 106 (1988); Carol S. Bruch, Taking Ourselves Seriously Enough to be Cautious: A Response to Hugh McIsaac, 5 INT’L J LAW AND FAM 82 (1991); Bruch and Bowermaster, op cit, n 73, at pp 262–269.
[97] A case in point is Sullivan and Kelly’s recommended order in high-conflict cases that would literally require children to pass through a no-man’s land each time they leave or return from a visit. Sullivan and Kelly, who display helpful insight into the dynamics of alienation cases, are far less convincing when they suggest legal responses. See nn 70–81 above and accompanying text.
[98] Kelly and Johnston suggest, for example, that children who evidence alienation may have already faced unbearable pressures. Kelly and Johnston, The Alienated Child, op cit, n 67, at p 255.
[99] The author of this article first learned of PAS from a psychologist who was called for assistance when an 8-yearold girl became suicidal while institutionalised. The child had been totally cut off from her mother by a court that followed the recommendation of a custody evaluator who applies Gardner’s principles rigorously. This evaluator and his partner continue to apply Gardner’s principles fully, even in the face of serious abuse concerns, although now referring to ‘a parental alienation matter’ rather than PAS, according to investigative reporter Karen Winner, who was commissioned by a parents’ organisation to investigate family law practices in the Sacramento, California courts. See Winner, op cit, n 22. Psychologist Vivienne Roseby of the Judith Wallerstein Center for the Family in Transition in Corte Madera, California reports that she and her colleagues have confronted similar difficulties with PAS-inspired custody transfers, including a case in which a 12-year-old boy died when he hanged himself on the day his custody was to be transferred. Telephone conversation with Dr Vivienne Roseby, 6 May 2001, in Davis, California.
[100] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, op cit, n 11.
[101] WORLD HEALTH ORGANIZATION, op cit, n 11.
[102] An outstanding example is the series of publications by Wallerstein and her colleagues over the course of what developed into a 25-year project. Initially designed as exploratory research to help define questions for later studies, the sample (which was neither randomly selected nor scientifically controlled) has nevertheless provided major advances in knowledge. Many of Wallerstein and Kelly’s initial clinical insights (for example, that children respond to their parents’ divorce differently according to their developmental stage) brought to light connections that had been uniformly over-looked, but seemed obvious once pointed out. Subsequent, controlled studies by others have borne out that insight, while other suggestions have required refinement or retrenchment in the years since (such as their early suggestion concerning joint physical custody). Compare, eg, Carol S. Bruch, Parenting At and After Divorce: A Search for New Models, 79 MICH L REV 708, at pp 708–710 (1981) (discussing methodology) and 722–725 (questioning joint custody conclusion) with WALLERSTEIN, LEWIS AND BLAKESLEE, op cit, n 10, at pp 212–219 (significantly narrowing and refining position on joint custody).
[103] In its decision refusing to hear testimony from Gardner on PAS, the Fortin court indicated that it was being guided in part by a concurring opinion of Chief Judge Kaye of the New York Court of Appeal in a case examining the admissibility of DNA evidence. People v Fortin, 706 NYS2d 611, at p 614 (NY Crim Ct 2000). The cited language in Judge Kaye’s opinion reads, ‘It is not for a court to take pioneering risks on promising new scientific techniques, because premature admission both prejudices litigants and short-circuits debate necessary to determination of the accuracy of a technique.’ People v Wesley, 633 NE2d 451, at p 462 n 4 (N Y 1994). See also Chambers v Chambers, No CA99–688, 2000 Ark App LEXIS 476 (Ark Ct App 21 June 2000): On de novo review, the appellate court affirmed the trial court’s refusal to force visitation and be prepared to transfer custody, an order the father’s expert witness said he fully expected the court would have to implement because the child would refuse to comply. The expert, an adolescent and child psychiatrist, testified that the steps he was recommending ‘will almost certainly be traumatic and painful [for the child].’ The appellate court concluded that ‘even [the father’s expert] swore that the result [the father] sought posed a substantial risk of damage to the child,’ and held that ‘[t]he chancellor correctly refused to inflict the threat of that harm.’
[104] JEROME FRANK, COURTS ON TRIAL: MYTH AND REALITY IN AMERICAN JUSTICE 79 (PRINCETON UNIV PRESS
1949).
[i] “thinkful wishing” es una expresión que significa limitar nuestras aspiraciones a lo que parece ser posible de conseguir a corto plazo, es decir desear lo que pensamos que es accesible a nuestras posibilidades.
